La tributación en el IRPF de la prestación por maternidad

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House with step pile of paperwork as background

No ha pasado desapercibida para la opinión pública la sentencia dictada el pasado 6 de julio por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, en la que se acuerda la devolución a una contribuyente de 3.135,11 euros abonados en su declaración del IRPF correspondientes a las ayudas de maternidad recibidas de la Seguridad Social con motivo de su nacimiento.

Sin embargo, antes de sumarnos al entusiasmo con que numerosos medios de comunicación y redes sociales han acogido esta noticia, conviene analizar sosegadamente algunos aspectos.

En primer lugar, las prestaciones por maternidad son subsidios asignados por la Seguridad Social a madres trabajadoras (con la posibilidad de compartirse parcialmente con los padres) en los supuestos de maternidad, adopción, acogimiento familiar o tutela, cuya cuantía se corresponde con el cien por cien de la base de cotización correspondientes a las dieciséis semanas (ampliables en determinados supuestos) ininterrumpidas que dura el permiso de baja.

La Ley 35/2006, que regula el IRPF, establece la obligación de tributar por los rendimientos del trabajo generados a lo largo del año.

La Agencia Tributaria, por su parte, considera que las prestaciones por maternidad son rendimientos del trabajo y, por lo tanto, sujetos a tributación en el IRPF.

La resolución del TSJ de Madrid considera que, si bien las prestaciones de maternidad son efectivamente rendimientos del trabajo, el contribuyente no está obligado a recogerlas en su declaración de la renta, ya que la propia Ley del IRPF  establece que estarán exentas “las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, así como “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.

Al margen de que el criterio del TSJ nos parezca más o menos acorde con la redacción literal de la norma objeto de controversia, debemos valorar la verdadera repercusión y efectos de la sentencia dictada, para conocer las posibilidades reales de recuperar las cantidades pagadas en nuestras declaraciones de la renta correspondientes a las prestaciones por maternidad.

En este sentido, si bien no podemos negar que esta resolución judicial abre una puerta a la esperanza de recuperar las cantidades pagadas por ese concepto a la Administración Tributaria, lo cierto es que su alcance, por el momento, es muy limitado. Las resoluciones judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos no sientan jurisprudencia; lo que quiere decir que el criterio fijado en la sentencia no es de obligado cumplimiento para los órganos de la Agencia Tributaria, limitándose sus efectos al concreto procedimiento en que ésta tiene lugar.

Así pues, no resulta muy aventurado esperar que la Administración se mantenga firme en su postura de considerar que tales ayudas son objeto de tributación en el IRPF. Máxime teniendo en cuenta el impacto negativo que para las arcas públicas supondría una devolución masiva, estimada en un importe global superior a los 1.000 millones de euros.

En el sistema jurídico español (a diferencia del vigente en los países de la Common Law, en los que los precedentes judiciales sí son fuente directa del Derecho), para sentar jurisprudencia de manera vinculante para los órganos de la Administración Tributaria, es necesario contar con un mínimo de dos resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en un mismo sentido.

El problema estriba en que, para poder pronunciarse el Tribunal Supremo en uno u otro sentido, es necesario que alguna de las partes presente un recurso ante él. Como la sentencia del TSJ de Madrid ha sido favorable a los intereses del contribuyente, no cabe esperar la interposición por su parte. De este modo, si la Administración tampoco interpone recurso y, en todo caso, mientras el Tribunal Supremo no tenga ocasión de pronunciarse en sentido favorable a la no tributación de las prestaciones en, al menos, dos ocasiones, los órganos de gestión tributaria mantendrán su criterio inalterado.

Descartada, así, una devolución masiva de oficio de estos importes por parte de la Administración, el contribuyente tiene la posibilidad de presentar una solicitud de devolución de ingresos indebidos por la parte de la cuota del IRPF correspondiente a la prestación por maternidad.

Una vez recibida la (previsible) denegación de esta solicitud por parte de la Agencia Tributaria, podrá interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano que acordó la denegación, o bien, una reclamación ante el correspondiente Tribunal Económico-Administrativo. También es posible la interposición sucesiva de ambos.

En el caso, también probable, de ser nuevamente desestimado, sólo le quedará la posibilidad de proveerse de abogado y procurador (con los costes que esto conlleva) y acudir a la vía judicial, interponiendo un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma. A la vista de la sentencia del TSJ comentada, las posibilidades de éxito se presuponen superiores si reside en la Comunidad de Madrid, sin embargo, nunca cabe descartar un cambio de criterio por parte del Tribunal.

En definitiva, en tanto no se pronuncie el Tribunal Supremo, los efectos de la sentencia aludida se limitan al caso enjuiciado. Por lo tanto, a fin de evitar sanciones innecesarias, aconsejamos seguir declarando las prestaciones de maternidad en el IRPF y, en su caso, pedir posteriormente la devolución de los ingresos indebidos.

Autor: Javier López

Abogado. Asesor Fiscal de Gros Monserrat

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